Condenado por falsificar firmas

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a un año de prisión al arrendatario de varias fincas rústicas que utilizó contratos con firmas falsificadas para impedir el desahucio promovido por los herederos de la propietaria de los terrenos. La Sentencia nº 84/2026, de 29 de abril, le considera autor de un delito de estafa procesal en concurso de normas con un delito de falsedad en documento privado. Además, deberá indemnizar a los cuatro perjudicados con 17.262,91 euros, más los intereses legales.

La resolución pone el foco en una práctica especialmente grave desde el punto de vista jurídico: la utilización de documentación falsa para influir en la decisión de un tribunal. El caso evidencia cómo este tipo de actuaciones no solo perjudican a quienes ven afectados sus derechos patrimoniales, sino que también comprometen la confianza en el funcionamiento de la Administración de Justicia.

Un conflicto que se prolongó durante más de una década

El origen del litigio se remonta a 1998, cuando el acusado firmó un contrato de arrendamiento rústico sobre ocho fincas dedicadas al cultivo de olivar, cereal y viña. El acuerdo tenía una duración de diez años, por lo que, tras el fallecimiento de la propietaria en 2011, sus herederos reclamaron la devolución de los terrenos.

Sin embargo, el arrendatario sostuvo que el contrato había sido prorrogado mediante dos nuevos documentos fechados en 2002, que extendían el arrendamiento durante treinta años. Aquellos contratos fueron presentados en distintos procedimientos judiciales con el objetivo de acreditar que el ocupante mantenía un derecho legítimo sobre las fincas.

La Audiencia concluye que las firmas atribuidas a la propietaria eran falsas y que el acusado actuó con pleno conocimiento de esa circunstancia, utilizando los documentos para retrasar la recuperación de las parcelas por parte de los herederos.

La clave de la condena: el engaño al órgano judicial

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que la condena no se basa únicamente en la falsificación de los documentos, sino en el uso que se hizo de ellos dentro de un procedimiento judicial.

Los magistrados consideran acreditado que el acusado aportó los contratos falsificados para inducir a error al tribunal durante un proceso de desahucio. Esa actuación provocó que la controversia sobre la vigencia del arrendamiento se prolongara durante varios años y obligó a los herederos a iniciar un nuevo procedimiento civil para conseguir la declaración de nulidad de los contratos.

Solo después de obtener una sentencia firme y ejecutar un lanzamiento judicial en 2022 pudieron recuperar la posesión de las fincas.

La prueba caligráfica resultó decisiva

La autenticidad de las firmas fue uno de los principales puntos de debate durante el procedimiento. La sentencia señala que la pericia caligráfica continúa siendo una disciplina en la que pueden coexistir informes con conclusiones diferentes, debido a la inexistencia de una regulación oficial que unifique los criterios técnicos.

Aun así, la Audiencia considera más sólido el informe elaborado por la perito judicial, al entender que contó con un mayor número de documentos auténticos para realizar la comparación. Esa valoración permitió concluir que las firmas no pertenecían a la propietaria fallecida y que los contratos carecían de validez.